Gómez Ponti, ante la juez: “Si el presidente decide, los otros departamentos tienen que obedecer” | OneFootball

Las instrucciones del presidente no se discuten. Así de claro lo dejaron Òscar Grau, exCEO, y Román Gómez Ponti , exdirector de los servicios jurídicos del Barça, en la declaración ante la juez como investigados en el caso Barçagate , la contratación por parte del club de un grupo empresarial que se dedicaba a desprestigiar, difamar y atacar a expresidentes, exentrenadores, exjugadores , periodistas, políticos e incluso jugadores de la plantilla como Gerard Piqué o Leo Messi . En el juzgado, Grau y Gómez Ponti lo dejaron claro, tal y como demuestra la declaración a la que han tenido acceso GOAL y SER Catalunya. “El presidente nos indicó que se tenía que hacer la contratación con estas empresas” , dijo Grau, quién admitió no haber dudado: “Como puede usted entender, cuando venía una orden de presidencia la ejecutamos” . En la misma línea se expresó Gómez Ponti: “si el presidente decide, los otros departamentos tienen que obedecer” .

Òscar Grau y Román Gómez Ponti son dos de los cinco investigados por administración desleal y corrupción entre particulares, junto con el expresidente del club Josep Maria Bartomeu , su mano derecha Jaume Masferrer -que se sentarán ante la juez el 30 de junio- y el propietario del conglomerado empresarial, Carlos Ibáñez , que tendrá que declarar telemáticamente el próximo 20 de julio. Tanto el CEO como el jefe de los servicios jurídicos durante la etapa de Bartomeu al frente del club negaron haber hecho el seguimiento de los servicios, así como insistieron en desconocer que las empresas del grupo NiceStream se dedicaban a difamar a personas. “Yo no recibí ningún informe”, expresó Gómez Ponti. “El seguimiento de los contratos y la correcta ejecución la hacía Jaume Masferrer. Era la persona que interlocutaba entre el club y las empresas. Una vez firmados los contratos me despreocupé”, manifestó Grau . Sí admitió Gómez Ponti conocer las cuentas en redes sociales usadas para desprestigiar a miembros del entorno: “Se comentaban. Si le dijera que no, le mentiría. En la burbuja del Barcelona se tiene un poco de conocimiento”.

Los exejecutivos del club insistieron en la necesidad de contratar los servicios de monitorización de las redes para controlar qué y quién atacaba al club y a su junta directiva. “El Barcelona es una de las cinco marcas más mencionadas del mundo. Empleábamos bastantes recursos en la protección de marca. Al señor Bartomeu y a sus hijos les amenazaron de muerte” , explicó Gómez Ponti. Por su parte, Grau consideró que las redes “cada vez tenían un peso más importante y era necesario saber qué se decía para tomar las mejores decisiones en el club”. El importe de la contratación, más de un millón de euros anuales, al exCEO no le pareció desorbitada. Es más, consideró que el precio era de mercado “e incluso a la baja. Podría haber salido más caro”.

Grau y Gómez Ponti aseguraron que cada uno de los contratos, pese a tener el mismo objeto y ser encargados a una misma persona -el señor Carlos Ibáñez- , eran independientes y destinados a diferentes áreas del club. “Las empresas contratadas actúan bajo una misma marca, pero no forman un grupo empresarial. Alguien de forma interesada introdujo en el debate que forman parte de un mismo grupo” , dijo Gómez Ponti ante la juez Alejandra Gil. Tanto los Mossos d’Esquadra como el mismo juzgado sí consideran las compañías contratadas como pertenecientes a un mismo grupo empresarial.

El departamento de compliance, señalado

Román Gómez Ponti ya expresó en una rueda de prensa su contrariedad con el trabajo de Noelia Romero, la excompliance officer del club suspendida de empleo y sueldo y despedida tras entregar su investigación interna sobre el caso de las redes, habiendo sido presionada previamente por el presidente Josep Maria Bartomeu , tal y como demuestran los mails interceptados por los Mossos d'Esquadra. El exjefe de los servicios jurídicos reiteró que “el departamento de compliance era un desastre, completamente arbitrario y completamente falto de ningún tipo de rigor. Confundía sus labores de compliance con los de auditoría interna. Contaminó todos los circuitos de aprobaciones por estar metida para hacer un seguimiento de la trazabilidad”. Además, Gómez Ponti también señaló en su declaración a tres directivos: Enric Tombas y Jordi Calsamiglia , que formaban parte del mismo departamento de Compliance, y Maria Teixidor , presidenta del Comité de Control y Transparencia. Los tres directivos dimitieron en abril de 2020 tras el Barçagate. “El criterio de Compliance era el que le ordenaban los miembros del comité, Tombas y Calsamiglia . Ellos fueron los que orientaron el análisis hacia donde les interesó. Las mismas personas del comité de Compliance y la señora Teixidor exigieron contratar un forensic. Estos señores le han dicho que tenía que ir en un sentido determinado. Cuando analizo esta cuestión pienso que alguien allí se pensó que era un sheriff del oeste.”