'Ley Ocampo': ¿De qué trata el artículo que el gremio de jugadores exige derogar? | OneFootball

Futbolistas Asociados del Paraguay (FAP) pegó el grito al cielo por la no derogación del artículo 25 de la Ley 5.322/2014, mejor conocida como 'Ley Ocampo'.

El gremio de los jugadores manifestó que la normativa, que actualmente se encuentra en fase de modificaciones, atenta contra los derechos de los futbolistas profesionales.

En este sentido, el reclamo puntual se da contra el artículo 25, donde habla de los casos de rescisión del contrato por culpa del Club. Es que aquí se establece que el futbolista solo tendrá derecho a una indemnización "igual a las retribuciones que le restan percibir en virtud del contrato correspondiente a ese año".

Esta regla es percibida como una inequidad respecto a estándares internacionales y a la realidad laboral del futbolista profesional, porque restringe sus derechos y produce una indemnización insuficiente (siendo el club el responsable del incumplimiento).

Según esta norma, si un club incumple el contrato—por ejemplo, dejándolo sin pago sin causa justificada—el jugador solo tiene derecho a recibir lo que le quedaba por cobrar ese año.

FAP insiste en que no se tienen en cuenta factores que podrían ser relevantes, como los años restantes del contrato (más allá de ese año), los beneficios adicionales (bonificaciones, primas, etc.), la dificultad de encontrar otro club en el corto plazo y otras normas más completas contempladas por la FIFA para estos casos.

En contrapartida, las modificaciones sí apuntan a otros aspectos, como la universalización del contrato escrito (pasaría a ser obligatorio para todos los jugadores, sin distinción de la categoría en la que participen), y la definición de la condición de "profesional",  que será todo jugador que cuente con contrato formal y perciba una remuneración igual o superior al salario mínimo legal, con lo que se busca garantizar el pago de salarios y beneficios acordados.

La intención es armonizar la legislación nacional con las normas internacionales establecidas por la FIFA, promoviendo coherencia y transparencia en los contratos, pero FAP se siente pasada por alto tras no considerarse el cambio específico del artículo 25.