El Barça sigue investigado por la Justicia | OneFootball

Hace un par de días, el culerío mediático celebraba con una mentira el último auto de la Audiencia Provincial de Barcelona sobre el BarçaGate. Decimos bien: con una mentira.

Como bien se encargaba de recordar el contexto añadido por los lectores de Twitter a este falaz post de Mundo Deportivo, lo único que ha desestimado la Audiencia es el delito de cohecho, siguiendo la investigación por el cargo de corrupción deportiva continua. El Barça sigue tan acusado como lo estaba antes, sólo que por un delito en lugar de por el otro. Quien sale maravillosamente bien parado del auto es la persona de Laporta, ya que el delito de corrupción continuada, a diferencia del de cohecho, tiene un plazo de prescripción que salvaguarda al inefable de la amenaza de sufrir penas de prisión. La cultura de la prescripción es el leitmotiv de la vida futbolera española, desde la apropiación indebida del Atlético de Madrid por parte de Cerezo y Gil Marín a esto de Laporta, que puede así estar tranquilo a pesar de que el planeta entero conoce que cuadruplicó el sueldo de Negreira. Es cuatro veces más culpable que el resto de presidentes blaugranas que dieron su visto bueno a la compra del sistema arbitral español, cosa que hicieron durante al menos 17 años para garantizarse arbitrajes favorables. ¿Para qué si no?

Laporta, persona muy física, no irá al trullo por mor de la prescripción, pero la causa contra el Barça, persona jurídica, continúa. Al propio Barça le dejaron prescribir el delito para la justicia deportiva (decimos que se lo dejaron prescribir porque Albert Soler, hombre bisagra entre el gobierno y el Barça, se ocupó de que así fuese), que es la razón por la cual ahora lo está juzgando la justicia ordinaria. La novedad es que no será por cohecho, lo cual, para el Barça, tiene repercusiones que Pepe Kollins sintetizaba así en el propio X, otrora twitter.

Ya hemos explicado que es una gran noticia para Laporta. Para el Barça, no es ni buena ni mala, o al menos caben muchos matices en el análisis. Ahora no será un jurado popular, sino un juez, quien emita el veredicto final. Por mucho que nos intenten convencer de que los procesos de filtro de los jurados populares concluyen siempre con la elección de nueve ciudadanos objetivos, a nadie se le escapa que toda persona residente en Cataluña tiene una idea predeterminada sobre el Barça, sometida a fuertes sesgos, incluso aunque no les guste el fútbol. Haría mal el culerío en regodearse ante un horizonte en el cual no hay jurado.

Sin embargo, sí puede encontrar dicho culerío razones para la esperanza en la otra consecuencia del hecho de que la investigación vaya por corrupción y no por cohecho, y es la que señala Kollins: de haberse juzgado cohecho, los propios pagos a Negreira habrían sido considerados como prueba de delito, pero ahora, al juzgarse corrupción continuada, es preciso probar la intención de dichos pagos. De igual manera que la posesión de ingentes cantidades de cocaína sirven de prueba indiciaria de un delito de tráfico de drogas, 17 años y 8 millones de pagos al vicepresidente de los árbitros deberían servir de prueba de corrupción continuada, pero caemos ya en el terreno de la apreciación de un magistrado.

La cosa, en definitiva, sigue adelante, sin perjuicio de que muchos disociemos la sentencia final de la conclusión a la que ineludiblemente conduce la razón y que ya se expuso antes, es decir, que el Barça pagó durante 17 años al vicepresidente de los árbitros para garantizarse arbitrajes favorables.

Lo dicho: ¿para qué si no?

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